Los partidos proponen consenso y no limitar derechos tras el fin del estado de alarma

Ahora que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que no tiene intención de prorrogar el estado de alarma cuando expire el próximo 9 de mayo, algunos partidos como el PP, Cs, Más País o JxCAT le han recordado que existen medidas administrativas contra la propagación del virus que permitirían cierres perimetrales. Algunas formaciones proponen medidas de consenso con las comunidades autónomas frente a la COVID-19 mientras PP y Ciudadanos insisten en que no se siga limitando derechos.

Antes de que Sánchez se pronunciara al respecto, el PP urgía ya al Gobierno a acometer reformas legislativas para no seguir limitando "permanentemente" los derechos y las libertades de los ciudadanos. Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, lo explicaba: "Serían medidas administrativas que pudieran llevar a cabo las autonomías para contener la cuarta ola y que pudieran ser suficientes según avance el plan de vacunación". Añadía que "si España tuviera un buen Gobierno y un buen presidente del Gobierno, lo que habría hecho es no someternos a un estado de alarma permanente sino buscar instrumentos que limitaran lo mínimo posible los derechos de los españoles".

El portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, sugería una declaración de actuaciones coordinadas y que sea la Audiencia Nacional quien se pronuncie sobre la legalidad o no de ciertas medidas autonómicas. Ha recordado que revocar el estado de alarma supone el fin del toque de queda nocturno y ha puntualizado que deberían ser las autonomías las que digan "cómo afrontar la cuarta ola".

En este sentido, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha coincidido en dar protagonismo a un pacto autonómico que garantizara que "sin la necesidad de una renovación del estado de alarma se mantuvieran vigentes medidas que puedan ser necesarias mientras se acelera el proceso de vacunación". Asimismo, la portavoz de JxCat, Miriam Nogueras, ha dicho que cualquier acuerdo que vincula a las comunidades autónomas, como sería la extensión de esta medida, "tiene que acordarse" con éstas.

Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros ha sido tajante al afirmar que el estado de alarma es "ilegítimo" y considera que puede ser "ilegal", al tiempo que ha insistido en que, si gobiernan en la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 4 de mayo, no aplicarán el toque de queda. Lo explicaba así su portavoz Jorge Buxadé.

Hay que recordar que el fin de este mecanismo constitucional revocará las restricciones de circulación de las personas que entraron en vigor el pasado 25 de octubre, y que las comunidades autónomas han aplicado en función de la evolución de los indicadores sanitarios en cada territorio, como son el toque de queda para limitar la movilidad en horario nocturno y los cierres perimetrales de comunidades autónomas, provincias o municipios, así como confinamientos de determinadas áreas.

Por su parte, el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha considerado "muy precipitado" que el presidente Sánchez haya anunciado ya el fin del estado de alarma en mayo, cuando todavía no se conoce la evolución "y la virulencia" de la cuarta ola, y ha lamentado que el Gobierno "una vez más vuelve a mirar con el prisma político en vez del prisma sanitario", ya que ha considerado que "pone el parche antes que la herida porque le costará sumar los apoyos parlamentarios".

Sánchez evaluará en el Congreso la gestión

Al respecto, el presidente del Gobierno dará explicaciones en el Congreso el 14 de abril para dar cuenta de la gestión del estado de alarma y para detallar las inversiones y reformas que planea acometer con los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta 140.000 millones de euros, la mitad en transferencias directas y la otra mitad en créditos.

Así, aprovechará la cita en la que expondrá las razones por las que en principio no ve necesario prorrogar el actual estado de alarma para presentar también el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que será aprobado el día anterior por el Consejo de Ministros. Este plan será enviado a Bruselas y en él se informará de los calendarios de todas las reformas comprometidas, como es el caso de la laboral o la de las pensiones.

Sánchez detallará el día 14 las inversiones y las reformas a financiar con los 140.000 millones de euros que España recibirá en los próximos seis años.