El TSJC estudia fijar el castellano como lengua vehicular en las aulas catalanas antes de septiembre

Última oportunidad. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estudia un recurso contencioso administrativo presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) contra las instrucciones del Departament de Educación de la Generalitat para los centros públicos y concertados para el próximo curso que empieza en septiembre. La entidad considera que el Govern vulnera derechos constitucionales fundamentales, como el de no discriminación o a la igualdad en la educación, al no incluir en estas instrucciones el castellano como lengua vehicular junto al catalán, el aranés y la lengua de signos catalana.

Por eso, el tribunal estudia de urgencia la petición de la AEB que tiene 10 días para formalizar la demanda una vez que la Generalitat aportó la documentación sobre el curso próximo a instancias de los magistrados. La AEB pide que "al menos una asignatura, materia, área o actividad de carácter troncal o análogo" se imparta en castellano, pese a que no establece ningún porcentaje en el uso de las lenguas siguiendo con el nuevo decreto ley del Govern sobre proyectos lingüísticos que debe examinar el Tribunal Constitucional a instancias del TSJC.

En concreto, la AEB impugnó el punto del acuerdo administrativo sobre la organización y gestión de los centros educativos para el curso que empieza en septiembre en el que se hacía referencia al uso de las lenguas en el sistema educativo, así como los proyectos lingüísticos y los objetivos prioritarios del sistema educativo. La Generalitat aportó el expediente al tribunal que ahora lo examinará para ver si vulnera derechos fundamentales como considera la AEB, ya que creen que tanto castellano como catalán, al ser lenguas oficiales, son "vehiculares en la enseñanza no universitaria catalana".

De esta forma, la Asamblea por una Escuela Bilingüe no da la batalla por perdida tras ver como el TSJC dejaba en suspenso la aplicación de impartir un mínimo del 25% de castellano en las aulas al pedir al Constitucional que se pronuncie sobre la nueva normativa impulsada por el Govern para eludir esta sentencia. La ley de usos lingüísticos aprobada en el Parlament en junio, con los votos de PSC, Esquerra, Junts y En Comú Podem, establece el carácter de lengua vehicular en la enseñanza del catalán y considera el castellano idioma «curricular» pero sin fijar porcentajes.

EL CATALÁN COMO INTEGRADOR SOCIAL

Las instrucciones publicadas por la Generalitat para el próximo curso siguiendo esta norma aprobada hace dos meses recuerdan que el catalán es «la lengua de la institución y, por tanto, la de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general» o "el vehículo de expresión y comunicación habitualmente usado, tanto en las actividades internas del centro como en las de proyección externa". Además, la norma señala que "los factores culturales y cívicos son impulsados por la voluntad de conformar una ciudadanía catalana identificada con una cultura común, en la que la lengua catalana se convierta en un factor básico de integración social" y añade que el Departament quiere potenciar en la escuela "el modelo lingüístico del país, potenciando la lengua catalana como vehicular en un proyecto plurilingüe e intercultural".

Sin embargo, la AEB considera que estas directrices impulsadas por el Departamento de Educación no siguen objetivos pedagógicos sino a «intenciones de claro corte identitario» y por eso reclama al tribunal para que inste al Govern a adoptar medidas que garanticen que «al menos una asignatura, materia, área o actividad de carácter troncal o análogo se desarrolle en castellano» junto con que «en las pruebas de evaluación» se ofrezca a los alumnos la posibilidad de realizar los ejercicios también en esta lengua.

Así, señalan que "la trascendencia de la documentación aprobada por el Departamento y ahora impugnada radica en que es la primera vez en que se va a concretar en un curso escolar la nueva regulación aprobada durante el año 2022" y lo hacen sin ordenar a las escuelas que "consideren el castellano como lengua vehicular", lo que "limita necesariamente los derechos de los alumnos, con clara vulneración de la Constitución", para la AEB.

DERECHOS VULNERADOS

"En la redacción de los proyectos lingüísticos se deben tener en cuenta una mínima presencia para hacer eficaz el carácter vehicular de las lenguas oficiales en un modelo de conjunción lingüística. Esta presencia adecuada es compatible con la consideración que los proyectos lingüísticos de cada centro educativo de su realidad sociolingüística, del entorno general y los objetivos de normalización lingüística en la escuela", señala el recurso.

La AEB cree que "los alumnos catalanes tienen derecho a recibir la enseñanza en las dos lenguas vehiculares también en el curso 2022-2023 y para ello el castellano debe ser lengua vehicular y como tal también lengua de referencia en los proyectos lingüísticos de los centros educativos y en la programación anual de los centros educativos. Ello es factible, sin necesidad de aplicar el régimen del porcentaje, puesto que basta con indicar la relación de materias o asignaturas a impartir en cada lengua en el proyecto lingüístico o en la programación anual del centro".

Por eso, mantienen que la norma actual debe ser "interpretada" en función de la "realidad sociolingüística del centro, del entorno y de los objetivos de normalización lingüística, el proyecto lingüístico deberá concretar la relación de asignaturas, materias o actividades que se impartirán en castellano, en catalán (y en aranés en el Valle de Arán) y en otras lenguas no oficiales".

CRISIS APLAZADA

Sobre la no aplicación del 25% de castellano como mínimo en las aulas catalanas se refirió ayer el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien aseguró que se ha evitó acatar la orden del TSJC "gracias a que el Parlament legisla y el Govern impulsa". En este sentido, indicó que la decisión judicial fue "una situación de dificultad, no en el Govern, sino en el conjunto del sistema de educación de nuestro país" que ha eludido la Generalitat, por el momento a la espera del Constitucional, "con consenso, con ambición, con rigor y con grandes acuerdos".

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