Puig le gana la partida de los alcaldes a Mazón (PP), que debe pagar 13,4 M por cooperación

Arranca septiembre y el curso político se reanuda, aunque agosto dejó poco margen para el descanso debido al grave incendio de La Vall d’Ebo. Desde el 2 de agosto, el presidente de la Diputación de Alicante y del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sabe que los presupuestos de 2023 de la institución provincial tendrán que incluir 13,4 millones para el Fondo de Cooperación de la Generalitat, un plan que tiene enfrentado al líder regional popular con el 'president', Ximo Puig. Se trata de un fondo al que realizan aportaciones tanto la Administración autonómica como las corporaciones provinciales (que se financian con trasferencias del Estado) y que tiene como objetivo transferir recursos a los ayuntamientos para mejorar su financiación.

Las diputaciones de Valencia y Castellón, gobernadas por los socialistas en coalición con Compromís, vienen participando de la iniciativa desde su inicio. Ha sido la alicantina, en manos del PP, la que ha puesto pegas desde el principio, restringiendo sus aportaciones al considerar que el fondo invade su autonomía como institución y su capacidad de planificar inversiones locales. Ese bloqueo va a cambiar, aunque sea por imperativo legal, en virtud de una orden aprobada por el Ejecutivo autonómico de Puig este verano, a menos de un año de las elecciones municipales. El pulso estriba en dejar claro el protagonismo de cada uno a la hora de repartir recursos entre los alcaldes. El fondo reparte el dinero principalmente por criterios poblacionales y son los municipios los que presentan proyectos para obtener recursos. El bocado a las cuentas alicantinas, si se toman como referencia las iniciales de este 2022, es del 5% del total. Si bien la salud financiera de la Diputación no está en riesgo, esta semana el equipo de gobierno ha empezado a analizar los números y las líneas de subvenciones de los municipios, según ha podido confirmar El Confidencial.

Las áreas están ahora a la espera de las instrucciones de Intervención, que marca las pautas que se deberán seguir, mientras se trabaja en la ingeniería económica y en la estrategia. La Diputación alicantina es una maquinaria respecto a los plazos y hay dos fechas que suelen repetirse en el calendario y en el tiempo: a principios de diciembre se realiza la presentación del anteproyecto y antes de Navidad, el pleno para la aprobación de las cuentas.

Fuentes oficiales han asegurado que aún no se ha tomado ningún decisión al respecto, que es pronto y se ha avanzado sobre la fórmula en la que se encajarán las cuentas. Sin embargo, la reestructuración es precisa, tal y como reconoce el diputado de Infraestructuras y Asistencia a Municipios, de Ciudadanos y socio de Mazón. Javier Gutiérrez ha asegurado que "la Diputación asumirá en sus presupuestos del próximo año los más de 13 millones de euros exigidos por la Generalitat para el Fondo de Cooperación, como marca una ley. No vamos a eludir nuestras obligaciones legales, lo que sí mantenemos es nuestro desacuerdo con la política del rodillo del Botànic".

El diputado naranja, socio de gobierno, es uno de los que se reunieron con el director general de Administración Local, el socialista Toni Such, para intercambiar informaciones. Such es la persona a quien Ximo Puig ha confiado este plan, y ha sido implacable hasta la fecha ante la resistencia popular. "Se han cerrado en banda impidiendo la posibilidad de mejorar el Fondo de Cooperación con la aplicación de criterios que se han puesto en marcha con éxito en la Diputación de Alicante a través de los planes Más Cerca, muy aplaudidos por alcaldes de todas las formaciones políticas", añade Gutiérrez. El acuerdo de Presidencia de la Generalitat de este verano aportó una novedad, y es que, por fin, se fijaba una cantidad concreta a aportar, lo que altera el sistema actual de elaboración del proyecto de presupuestos, tal y como reconoce el diputado de Infraestructuras. Para Gutiérrez, lo importante es encontrar la forma de que no se vean afectados los pueblos más pequeños "debido a las malas formas de la Generalitat, que no ha permitido que el modelo de reparto lo establezca la propia Diputación".

Otro de los puntos que más duelen al Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos es la obligatoriedad de enseñar sus cartas presupuestarias antes de validarlas. El artículo 5.5 del acuerdo de la Generalitat especifica que las diputaciones, "antes de la aprobación de sus proyectos de presupuesto, los pondrán en conocimiento del departamento competente en régimen local", es decir, del área que dirige Toni Such, adscrito a Presidencia. Si en el plazo de 15 días no hay "objeciones y observaciones", Mazón podrá continuar adelante. Si se salta las recomendaciones, la guerra podría ser a tumba abierta, porque la norma contempla la posibilidad de que la Generalitat pueda impugnarlas.

Cruce de acusaciones

Todos los grupos políticos consideran que Carlos Mazón no tendrá problema para encajar esta cantidad, pues la ven como una "cuestión de voluntad política". Tanto el portavoz del PSOE, Toni Francés, como el de Compromís, Gerard Fullana, apuntan a que no hace falta detraer cantidades de inversiones o ayudas para municipios o asociaciones. Ambos citan como medida completamente publicitaria la decisión del presidente del PPCV de rebajar el IAE a las empresas con ingresos superiores al millón de euros, lo que ha supuesto una caída de más de cuatro millones en las arcas provinciales. "Solo tendría que deshacer esa medida para tener ya una tercera parte de la cantidad del Fondo de Cooperación", comenta Fullana.

Por su parte, el alcalde socialista alcoyano ahonda en la mala gestión del líder popular a la hora de encontrar recursos. "Los datos de ejecución presupuestaria del primer semestre demuestran que el Gobierno de Carlos Mazón es el que registra la peor cifra de la historia", apunta. Este porcentaje se sitúa en el 47% a fecha de 30 de junio, si bien hay que tener en cuenta que, tras las modificaciones, el presupuesto total pasó de 272 a 470 millones. El Fondo de Cooperación es un campo de batalla abierto desde 2016 que se recrudeció con la entrada de Mazón en la presidencia de la Diputación alicantina. Unos y otros intercambian números sobre las inversiones perdidas para los municipios. Desde la bancada socialista, se habla de millones, concretamente, Alcoi ha dejado de ingresar tres durante estos años, según su alcalde.

Solo este año pareció que se vislumbraba una tregua cuando, en mayo, la Diputación alicantina entró con una aportación de 2,6 millones en el Fondo de Cooperación para los Municipios Turísticos. Este cambio de criterio respondió, según el PP y Cs, a su carácter voluntario. Para Compromís, el sí obedecía a las presiones del potente sector turístico y hotelero de la Costa Blanca. Pero esa pequeña ventana se cerró de golpe con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Generalitat valenciana a principios de agosto.

Vigente hasta la sentencia del TC

Ahora, el reloj sigue corriendo a favor de Puig, que ha ganado provisionalmente la batalla de lograr una aportación de la única Diputación que se le resistía, pues Valencia y Castellón forma parte del fondo desde hace años. "Es triste tener que llegar hasta aquí", apunta Toni Francés.

Lo cierto es que la guerra seguirá abierta mientras el Tribunal Constitucional responde al recurso presentado por el Grupo Popular del Congreso de los Diputados. A finales de enero, el propio Mazón hizo público este paso contra la Ley 5/2021 de la Generalitat valenciana reguladora del Fondo de Cooperación Municipal. Los argumentos básicos eran dos. Primero, porque se atentaba claramente contra la autonomía financiera de las diputaciones. Y segundo, porque esta norma establece un criterio poblacional para el reparto de fondos que perjudica a los más pequeños. Desde el equipo de Mazón, se cree que el TC les dará la razón, como en ocasiones anteriores. Desde las filas socialistas, se considera que la ley cumple con los requisitos; no obstante, "si hay sorpresas y ese dinero ya está en los municipios, no creo que se vuelva atrás por el principio de irretroactividad", sostiene Francés, quien insiste en que el problema deriva del papel que ha decidido jugar Mazón, de "ausencia" en la provincia.

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