Pedro Sánchez propone una reforma exprés de la Constitución para acabar con los aforamientos

El Gobierno va a proponer una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos, que podría entrar en vigor en tan solo 60 días si hay acuerdo en las Cortes, según ha anunciado el presidente, Pedro Sánchez. "El reto es que los ciudadanos vuelvan a creer en la política", sentenció el jefe del Ejecutivo, que, con este golpe de efecto, trata de recuperar la iniciativa después de la semana más dura en sus tres meses de gestión. Esta reforma, dijo, mandaría "una señal relevante, inequívoca, de ejemplaridad, solidaridad y empatía" hacia los ciudadanos.

El presidente ha hablado de "suprimir" los aforamientos, pero fuentes del Gobierno aclaran que se mantendrían para las decisiones tomadas "en el ejercicio de su cargo" y se eliminaría para todas las demás. Esto es, que los diputados o ministros no tendrían aforamiento si son denunciados por conducir bajo los efectos del alcohol, si tienen un problema con un máster como el caso de Pablo Casado o si les encuentran una cuenta en Suiza, como sucedió con Luis Bárcenas. Pero sí mantendrían esa protección si alguien les acusa por una cuestión relacionada con su cargo, por una decisión administrativa que hayan tomado. Ese era el espíritu original del aforamiento, señalan en el Gobierno. El problema es que en los casos de corrupción, los más sensibles para la ciudadanía, en muchas ocasiones sí se trata de cuestionnes relacionadas con el ejercicio de su cargo, por lo que en principio se mantendrían los aforamientos.

Lo que no está previsto tocar es el aforamiento de los jueces, ni el del Rey emérito, que lo obtuvo tras una reforma exprés pactada por PP y PSOE en el momento de la abdicación. Tampoco se eliminarán de momento los aforamientos de diputados autonómicos y miembros de Gobiernos regionales, porque están recogidos en sus estatutos de autonomía y no en la Constitución, aunque todo está en estudio para más adelante si hay acuerdo.

El anuncio, precedido de una estrategia de La Moncloa para generar expectación, se adelanta a una propuesta de Ciudadanos que se iba a debatir mañana martes. El presidente presiona así al Partido Popular, que deberá decidir si se suma a esta iniciativa precisamente cuando su líder, Pablo Casado, ha aprovechado el aforamiento para que el caso de su máster sea tratado en el Tribunal Supremo. La reforma requiere la mayoría absoluta en el Senado y dos tercios en el Congreso, por lo que el PP es imprescindible. En el Gobierno no tienen muy claro si esta reforma podría afectar al caso Casado, aunque parece claro que si el Supremo toma una decisión en los próximos 60 días, algo bastante probable, el líder del PP ya no estaría afectado por este cambio.

El presidente ha protagonizado un acto en el que, con el lema "Avanzamos", ha hecho balance de los logros alcanzados en estos primeros tres meses de Gobierno y ha avanzado los proyectos de futuro. Han asistido todos los miembros del Gabinete excepto la ministra de Defensa y la ministra para la Transición Ecológica. También han sido convocados buena parte de los altos ejecutivos del Ibex 35, como el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, el de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, o el ACS, Florentino Pérez. Había también representantes de la cultura y dirigentes de los agentes sociales. Sánchez justificó la moción de censura -"nuestro país no podía aguantar dos años más de ese bloqueo [de Rajoy]. España vivía una paralización generalizada. Necesitamos un país donde a los jóvenes no se les obligara a hacer las maletas para irse"- y trazó las líneas maestras de su mandato, centrado especialmente en luchar contra la desigualdad -"quienes pagaron la crisis son ahora los que no perciben la recuperación en sus bolsillos"- y en buscar un crecimiento económico más equitativo, con una importante reforma impositiva.

El Gobierno socialista ya se había mostrado dispuesto a abordar la supresión de los aforamientos. De hecho, el Ministerio de Justicia había encargado un estudio interno sobre cómo "racionalizar" este privilegio, en palabras de la ministra, Dolores Delgado, del que disfrutan en España unas 250.000 personas, desde policías a políticos y jueces.

La titular de Justicia desveló este propósito el pasado jueves en el Pleno del Congreso, en respuesta a una interpelación de Ciudadanos que reclama la supresión completa de los aforamientos. Delgado se mostró partidaria de hacerlo para cumplir con el principio de igualdad de los españoles ante la ley, aunque resaltó que eliminarlos por completo requiere una reforma constitucional, aunque el Gobierno conoce que la coyuntura política no parece la más favorable.

Juzgados en tribunales diferentes

El aforamiento es una situación jurídica que implica que determinadas personas, en virtud de su cargo o situación personal, tienen un fuero distinto y no pueden ser juzgados por tribunales ordinarios. La figura es distinta de la de la inmunidad parlamentaria, que exige que ningún diputado pueda ser juzgado por lo hecho en el ejercicio de su cargo sin el acuerdo de la Cámara correspondiente. Por lo tanto, ser aforado solo quiere decir ser juzgado por un tribunal diferente, en el caso de los diputados y ministros es el Supremo.

De los 250.000 aforados (en distintos grados) que existen en España, algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, según los datos que ofreció el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en su comparecencia en marzo de 2017 en la comisión de Justicia del Congreso. Otros cinco son de la Familia Real y el resto (17.603) pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas. Esta reforma de la Constitución solo afectaría en principios a diputados, senadores y ministros.