Los 'negocios' de la mafia rusa: de ocultar la muerte de un niño para darle papeles a su madre a renovar el DNI al candidato del PP de Altea

Políticos, policías, guardias civiles, funcionarios y empresarios. Ningún estamento de la sociedad civil escapaba del entramado que había articulado en Alicante, Málaga e Ibiza Alexey Shirokov, un abogado ruso afincado en España, para facilitar los negocios turbios de los mayores capos del crimen organizado de la ex Unión Soviética.

Así lo atestiguan las investigaciones desarrolladas por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante que desencadenó el pasado lunes la mayor operación contra la mafia rusa desarrollada en tierras alicantinas y que se zanjó con 23 detenidos y numerosos bienes intervenidos

Los agentes iniciaron las pesquisas en 2013, cuando detectaron una serie de movimientos extraños de capital por parte de ciudadanos rusos afincados en España. En el transcurso de las primeras averiguaciones, descubrieron que estos ciudadanos recibían "grandes transferencias" procedentes de sociedades de Emiratos Árabes o de industrias energéticas radicadas en Letonia y Reino Unido. Con estos fondos, posteriormente, se practicaban "operaciones comerciales de dudosa legalidad", tal y como consta en las diligencias judiciales a las que ha tenido acceso este periódico.

El dinero, que procedía en origen de personas vinculadas al crimen organizado como Ladrones en Ley, se invertía a través de testaferros en diversos negocios tanto de hostelería como inmobiliarios. En este entramado, una de las figuras clave era, presuntamente, Shirokov, militante del PP y lobbista del PP en Altea, según indican los propios investigadores, quienes constataron que utilizaba a sus contactos tanto en la administración, en la política y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para crear "una red clientelar de favores". Sus contactos le realizaban gestiones a cambio de regalos constantes como vino, jamones e incluso joyas. Gracias a estas dádivas, generaba una "deuda de favores" que posteriormente usaba para facilitar las operaciones de blanqueo de capitales.

Shirokov, para quien el juez de instrucción número 1 de Benidorm ha dictado prisión sin fianza, no entraba en contacto directo con el entramado criminal, pero los agentes están seguros de que conocía plenamente que el dinero procedía de actividades ilícitas. Los pinchazos telefónicos acreditan, de hecho, el despliegue de todos sus esfuerzos para ocultar la procedencia de los fondos con empresas pantallas y múltiples testaferros. Del análisis de las llamadas intervenidas y aportadas al juzgado se desprende una amplia variedad de delitos no sólo relacionados con el blanqueo de capitales sino también de presuntos cohechos y tráfico de influencias, favores políticos y sobornos a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Uno de ellos es el proyecto de un camping en Altea para el que supuestamente se apoyó en el ex presidente del PP de Altea, quien debía facilitarle el acceso a los permisos municipales necesarios.

En otras conversaciones habla de otras operaciones como la compra de una propiedad en Girona por cuatro millones de euros y subraya a su interlocutor la necesidad de que el legítimo propietario no aparezca en ningún momento en los documentos. Para ello, discute la posibilidad de usar un testaferro. En otra llamada telefónica discute la compra de 52 pisos y la opción de pagar en Bitcoins para ocultar la procedencia del dinero.En cuanto a los contactos con políticos y policías, una llamada desvela la conversación que mantiene con un funcionario de Policía para agilizar la renovación del DNI del candidato a alcalde de Altea por el PP, Jesús Ballester, tal y como reflejan las diligencias judiciales.

Las actividades de Shirokov también incluye la gestión de deudas y en una de las llamadas telefónicas pinchadas llega incluso a conversar con un supuesto agente de Policía al que le ofrece hacerse cargo del cobro de algunas deudas a cambio de quedarse con la mitad del importe.

El abogado ruso ahora en prisión preventiva también mantiene una llamada telefónica con el concejal de Seguridad de Benidorm, Lorenzo Martínez, que queda reflejada en el informe policial. En la conversación se hace referencia a que el edil ha intervenido a su favor con sus contactos y le traslada a Shirokov que ahora van a tener "que hacer una trampita" al tiempo de que se jacta ante el ciudadano ruso de su influencia: "¿Ves como en algunos sitios me escuchan?".

El listado de actividades irregulares es muy extenso y más allá de la compra de negocios, restaurantes e inmuebles figura también tareas de asesoría y de inmigración. En una de las llamadas intervenidas se hace referencia a sus contactos con un inspector de Policía para "salvar escollos" en Extranjería. De hecho, en otra conversación, pacta con otro asesor ocultar la muerte de un niño que acaba de fallecer para que la madre pueda optar a la residencia oficial, una actuación que los agentes tipifican como un delito de falsedad documental.