Los bares defienden sus tragaperras contra la ley de juego valenciana
El pleno parlamentario está previsto para el lunes 25 de mayo y, si no hay sorpresas, los votos de los tres partidos que componen la mayoría del llamado Consell del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Podemos) sacarán adelante la nueva ley del juego valenciana. Entre otros cambios, el texto introduce importantes restricciones en la ubicación de los salones de juego, otorga tal consideración a los locales de hostelería que dispongan de máquinas de apuestas y obliga a bares y restaurantes a dotar de mando a distancia a las máquinas de tipo B, las conocidas popularmente como tragaperras.
La nueva ley actualiza la primera ley del juego autonómica aprobada en 1988, a la que a lo largo de los años se han ido introduciendo reglamentos y enmiendas, muchas de ellas de tapadillo, vía ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat. Su contenido ha propiciado una reacción defensiva de las patronales de empresas del sector del juego, desde la influyente Cejuego hasta las subsectoriales Anesar (salones) y Andemar (máquinas recreativas), que han buscado el respaldo del sector hostelero y los sindicatos. Este jueves, lanzaban un comunicado conjunto con la asociación de hosteleros autonómica Conhostur y con la sección sindical de UGT en el que advertían de que la entrada en vigor puede llevar al cierre a más de 400 salones de juego y a la pérdida de casi 3.000 empleos directos y cerca de 8.000 indirectos. El sector, según sus datos, mueve el 2,3% del PIB regional y genera ingresos fiscales de 140 millones de euros en la Hacienda autonómica.
Si se aprueba, no recibirán nuevas licencias los salones de juego que se encuentran a menos de 850 metros de colegios e institutos, centros sanitarios y espacios deportivos. La aplicación no será inmediata. Se denegarán nuevas autorizaciones, pero los locales ya existentes no podrán renovar sus licencias administrativas cuando caduquen, lo que ocurrirá en un plazo máximo de 10 años. Además, se contempla una moratoria de cuatro años para permitir nuevas aperturas.
Las condiciones han puesto en pie de guerra al sector, que cree que la ley y las distancias marcadas abocan a la desaparición a largo plazo del 95% de los locales de juego y salas de apuestas. "Hará grandes estragos en el empleo y las arcas de públicas de la Comunidad Valenciana, agravando la situación generada por el covid-19”, afirma Miriam Mayordomo, presidenta de Anesar en la Comunidad Valenciana.
El impacto sobre el subsector de los salones, cada vez más cuestionado socialmente, es evidente. Pero a esta queja se ha sumado a la de los dueños de bares y restaurantes, que creen que los nuevos controles sobre sus máquinas puede complicarles las reaperturas tras los dos meses largos de confinamiento como consecuencia de la crisis del coronavirus. La ley establece que aquellos locales que dispongan de máquinas de apuestas deportivas pasarán a ser considerados salones de juego. En la práctica, esto supondrá sacar este tipo de ocio de la hostelería clásica. La filosofía es evitar que coincidan las quedadas de menores o jóvenes para ver partidos de fútbol u otros eventos deportivos con la presencia de estos dispositivos.
La otra restricción tiene que ver con las máquinas tragaperras clásicas, que estarán permitidas en los bares, pero se exigirá una activación a través de un mando a distancia, de forma que el dueño o encargado del establecimiento pueda comprobar que no está siendo usada por menores. La nueva norma otorga un plazo de doce meses para adaptar el parque de tragaperras, pero los fabricantes sostienen que es imposible hacerlo sobre las máquinas ya instaladas y habrá que fabricar nuevas. "Todo esto supone cambiar las máquinas y, además, los bares son reticentes porque es otra carga más para ellos. Las tragaperras es un segmento en el que suele jugar gente de entre 35 y 60 años", señala Gonzalo Aranda, secretario sectorial de Hostelería y Turismo de UGT del País Valenciano.
“El sector turístico sufrirá los daños más persistentes y estará abocado a un ajuste estructural por lo que crecerá más lento en España y en la Comunidad Valenciana. No podemos permitirnos el lujo de nuevas normativas que empeoren la actual situación, teniendo en cuenta que muchos empleos de ocio y hostelería dependen del sector del juego”, afirma Manuel Espinar, presidente de Conhostur. También la patronal autonómica Confederación Empresarial Valenciana (CEV), adscrita a la CEOE, ha pedido a los grupos parlamentarios que promueven la ley que la reconsideren por la coincidencia de su entrada en vigor con la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.
José Muñoz, secretario de Organización del PSPV-PSOE y ponente de la ley por parte del grupo socialista, defiende el texto y lo justifica como norma preventiva contra los problemas de ludopatía. Señala en declaraciones a El Confidencial que ya no hay marcha atrás, que se introdujeron modificaciones tras hablar con el sector y que está recibiendo muchas presiones en forma de llamadas telefónicas para tratar de tumbar un texto legislativo que considera necesario. "Es un sector muy poderoso que no está acostumbrado a esto y ahora está descolocado", señala. "Hemos hecho una diferenciación dentro de los bares entre máquinas de apuestas y tragaperras. Estas tienen un año para adaptarse. Hemos hecho las consultas necesarias con la Abogacía de la Generalitat y en ningún momento se pone en riesgo la seguridad jurídica. Hay que entender que una concesión o una licencia administrativa no es eterna, si no, no podríamos cambiar ninguna ley", señala sobre el bloqueo de licencias que se irá produciendo conforme vayan caducando. "Lo que hemos hecho es marcar una distancia, así que no pueden acusarnos de prohibir el mercado", asevera.
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