La Guardia Civil interviene 35 toneladas de residuos ilegales

La Guardia Civil de Alicante en estrecha

colaboración con la Policía Local y el Ayuntamiento de Crevillente, ha

detenido a tres personas por un delito contra el medio ambiente. Han sido

retiradas quince toneladas de residuos de diversos parajes naturales de la

localidad. Otras veinte toneladas, han sido halladas almacenadas de forma

ilegal.

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Crevillente y la

Patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de Elche,

han llevado a cabo una investigación iniciada en el mes de agosto, tras

recabar varios informes de la Policía Local de Crevillente, donde habían

detectado numerosos vertidos de neumáticos usados, en diferentes parajes

protegidos. La alarma social creada entre la población y algunas

asociaciones de protección del medio ambiente como consecuencia de los

vertidos ilegales, provocó que el propio Ayuntamiento se personara como

parte perjudicada, formalizando una denuncia ante la Guardia Civil.

Mediante el estudio de los vertidos, la Guardia Civil localizó los talleres

a los presuntos autores, y los almacenes de los que provenían. Se trataba de

neumáticos usados que se encontraban previamente almacenados en tres

naves ubicadas en las localidades de Crevillente y San Isidro. Además de

abandonar los neumáticos en reservas naturales protegidas, almacenaban

los neumáticos en los almacenes también de forma ilegal.

En total, fueron localizadas quince toneladas de neumáticos

abandonados en diversos parajes, y otras veinte toneladas, almacenadas sin

los pertinentes permisos, que son necesarios para el correcto tratamiento de

los residuos que son peligrosos para el medio ambiente.

Han sido detenidos en la localidad de Crevillente, tres varones, de

edades comprendidas entre 36 y 64 años, de nacionalidad española. Se les

imputa un delito contra el medio ambiente. Además, han sido propuestos

para ser sancionados ante las respectivas autoridades administrativas, por

cometer nueve infracciones a distintas legislaciones de ámbito nacional, así

como regional, relativas a la protección del medio ambiente, la gestión de los

residuos tóxicos y peligrosos, y la industria.

Los residuos han sido retirados por el Ayuntamiento y serán

procesados por empresas de reciclado, lo cual tiene un elevado coste. El

Ayuntamiento ha reclamado a los autores que asuman estos gastos.