Estos son los documentos que Oltra escondía al juez y la Policía ha recuperado de su despacho

Los protocolos que Mónica Oltra mantuvo en sede parlamentaria que no existían y que la Policía recuperó de la Consejería datan de 2004 y 2013. La instrucción primera del protocolo que la Policía encontró el pasado lunes en la Consejería está fechada en 2013 y firmada por la que era directora general de la Familia, Menor y Adopciones, Rosario Calatayud Medina. El documento deja claro que «todos los centros residenciales y servicios de protección y reeducación, tanto propios como contratados, que actúan en el ámbito de la Comunidad Valenciana, deberán comunicar de manera inmediata a la Dirección Territorial de Bienestar Social (integrada en la Consejería) de la que dependen cualquier hecho o incidencia de relevancia en la que sea sujeto pasivo un menor o personal trabajador, o que afecte al centro o servicio». Es decir, Oltra tenía que conocer los hechos.

El protocolo de 2013, que derogó el de 2004, distingue tres clases de hechos relevantes. El primero se refiere a «hechos en que los menores residentes o usuarios del servicio puedan ser tanto sujetos pasivos, víctimas de accidentes graves, delitos o faltas graves, o sujetos activos autores de agresiones o incidentes graves». Mayte, la menor que tenía 15 años cuando fue abusada era claramente víctima de un delito. El mismo documento deja constancia de los teléfonos a donde deben dirigirse los responsables de los centros de menores por provincias, incluso incluyendo «móviles de guardia de medidas judiciales». El apartado tercero de este protocolo derogaba el anterior de 2004. Por tanto, era el único protocolo vigente a finales de 2016 y en febrero de 2017, cuando la menor denunció los hechos.

El 21 de abril de 2021, cuando compareció ante las Cortes valencianas para hablar de los abusos sexuales de su ex marido, Mónica Oltra dijo: «Quiero que recuerden, señorías, y así lo he dicho en esta Cámara en varias ocasiones, que el panorama que nos encontramos en este ámbito en 2015 era peor del que pensábamos, un sistema privatizado, sin orden ni concierto, literalmente y metafóricamente sin instrucciones claras al personal, que funcionaba más por la inercia que da la experiencia que por órdenes claras. Esto ciertamente se incluye en la sentencia».

Esta misma versión es la que defendió Carmen Fenollosa Egea, directora Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas de la provincia de Valencia, en su comparecencia ante el juez instructor y posterior recurso para que la causa no llegase al TSJCV, pero el presunto encubrimiento de los abusos de su ex marido acabó finalmente en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) y en la dimisión de Oltra tras ser imputada.

Todos los trabajadores de la Consejería de Igualdad que han pasado por el Juzgado han reconocido en mayor o menor medida ante el juez de Instrucción número 15 de Valencia haber trasladado la denuncia de la menor a sus superiores. La primera que lo hizo fue Isabel Domingo, directora del Centro de Menores Niño Jesús de Valencia donde residía Mayte, al relatar el 22 de febrero de 2022 ante el titular del Juzgado, Vicente Ríos, que había puesto los hechos en conocimiento de su superior, una técnico de la consejería llamara Ana Victoria García Tarín. En esa comparecencia, la directora explicaba que «cada técnico (de la Consejería) tiene asignados varios centros de menores, ese técnico es el nuestro y nuestro canal de comunicación tiene asignado un técnico». El 21 de febrero de 2017 esta técnico envió un mail a la directora del centro para comunicarle que había hablado con «Paco», en referencia a Francisco Soriano Ramírez, jefe de la Sección del Menor de la Consejería. Según la acusación de Fiscalía, «en ese momento ya eran seis personas, al menos todas ellas ejerciendo funciones públicas las conocedoras de los presuntos abusos. Ninguna de ellas los puso en conocimiento ni de la policía, ni de la Fiscalía de Menores ni de la Administración de Justicia».

La directora del centro de menores, Isabel Domingo, aseguró conocer los hechos el 20 de febrero de 2017 pero hizo un informe de incidencia fechado el 27 de febrero. Todos los informes eran remitidos a la Consejería. Es decir, que en cualquier caso la Consejería de Oltra tuvo conocimiento de los hechos en febrero de 2017, tal y como reconocen casi todos los imputados, aunque Oltra aseguró siempre que lo supo seis meses después, en agosto de 2017 cuando le llegó a su domicilio una orden de alejamiento a su marido de la menor abusada. En el primer informe de incidencia la directora del Centro también anota posteriormente que «se activa el protocolo de intervención ante la sospecha de abuso».

Sin embargo, la misma directora del Centro también reconoció en su declaración no tener un protocolo de Consejería sino uno de elaboración propia, redactado precisamente por Luis Ramírez Icardi, el marido de Mónica Oltra en 2015, quien finalmente fue condenado a cinco años de cárcel por abusos sexuales sobre la menor. El juez le preguntó a la directora entonces por la existencia de estos protocolos de 2004 y 2013, pero ella afirmó desconocerlos.

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