El Gobierno se compromete con Bruselas a aumentar este año el periodo de cálculo de las pensiones

Cerrada la primera pata de la reforma de la pensiones, el Gobierno debe emprender una segunda fase con el objetivo de ajustar el gasto y devolver al sistema al superávit. Tendrá que adoptar medidas poco amables, obligado por la condicionalidad de los fondos, entre ellas un aumento del periodo de cálculo de las nóminas a partir de 2023. Así se comprometió a hacerlo en el Plan de Reformas enviado a Bruselas en diciembre y el remitido ayer apenas da detalles, sólo que en lo que resta de ejercicio "modificará" el cómputo de pensiones, al igual que emprenderá la reforma del sistema de cotización de los autónomos y el superfondo público de pensiones, en trámite parlamentario. «Resulta prioritario otorgar certidumbre a los pensionistas actuales y futuros respecto a la suficiencia, adecuación y sostenibilidad del sistema de pensiones.

Por esa razón, está en curso una reforma en profundidad del mismo», explica el Gobierno en el texto enviado a las autoridades comunitarias.

El Ministerio de Economía puntualizó ayer a ABC que modificarán el texto enviado a Bruselas para puntualizar que la medida solo será de aplicación para las nuevas carreras profesionales, "al objeto de reforzar la contributividad del sistema de pensiones y hacerlo más equitativo".

La filtración de que el Gobierno aumentaría los años para el cálculo de las nóminas provocó un gran revuelo en el seno del Ejecutivo a finales de 2020, cuando trascendió un plan para elevar de 25 a 35 años ese periodo de cálculo de las nuevas nóminas. Aquella propuesta, que siempre negó José Luis Escrivá, impactaría negativamente en la cuantía de la pensión media inicial de jubilación, que disminuiría alrededor de un 8,6%, según el estudio realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con las universidades de Valencia y Extremadura.

El debate fue tenso entre las dos alas del Gobierno y, en consecuencia, Escrivá, terminó renegando de la medida. Ahora el proceso es irreversible: 2022. Aumentar los años que se emplean para calcular la pensión es una de las medidas más efectivas para recortar la pensión inicial de los nuevos jubilados y reducir la tasa de reemplazo (primera pensión frente a último salario) en el sistema de pensiones español, que ahora se sitúa por encima del 80%, según la OCDE. En la práctica implica percibir rentas menores porque los trabajadores, por regla general, tienen peores salarios en sus primeros años de vida laboral y mejores en los últimos. Este año han cambiado los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión y han quedado fijados en 25 años. Escrivá pretende atenuar este impacto con un modelo que permita al trabajador elegir los mejores años de cotización.

Choque con CEOE

El acuerdo con Bruselas para recibir los fondos recoge también un incremento de las bases máximas de cotización y, «progresivamente», de las pensiones máximas para que el sistema no pierda contributividad. En esta ocasión, el plan solo cita que se «modificará». Es decir que aumentarán los impuestos para los sueldos más elevados, de más de 49.000 euros, pero también la pensión que perciban. El destope de las bases máximas de cotización siempre ha estado en la diana de Podemos como una medida de efecto inmediato para lograr ingresos en la Seguridad Social junto con el alza del salario mínimo. Con esta medida, que vuelve a comprometer con Bruselas, el Gobierno deberá que enfrentarse de nuevo al rechazo de la patronal, contraria a nuevos aumentos de los costes para las empresas.

Autónomos

La reforma de la cotización por ingresos reales de los autónomos es otro de los compromisos, pero sigue atascada después de meses infructuosos de negociación con el colectivo en los que el ministro Escrivá ha conseguido que la CEOE estallara por los contactos mantenidos por el ministerios con las organizaciones ligadas a los sindicatos al margen de ATA. Tras varias propuestas fallidas por parte de Seguridad Social, las organizaciones empresariales decidieron trasladar al Gobierno su propia propuesta para reformar el régimen de autónomos. El esquema planteado por los empresarios comienza con una cuota mínima de 205 euros que se mantiene durante los tres años indicados si los rendimientos netos son iguales o inferiores a 700 euros al mes. En el tramo más alto -con rendimientos netos mayores a 3.620 euros mensuales-, la cuota mínima queda fijada en 329,7 euros en 2023, en 365 euros en 2024 y en 400,4 euros en 2025.