Anticorrupción pide prorrogar la investigación al hermano de Puig y llamar a declarar a sus trabajadores

Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acudió el pasado mes de mayo a declarar por primera vez ante el juez por un presunto fraude en el cobro de subvenciones públicas. Su abogado dijo entonces que lo hacía con ganas de aclarar todo y de cerrar cuanto antes un capítulo que ha salpicado de lleno al barón socialista. Sin embargo, la causa no solo está lejos de cerrarse sino que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una prórroga de seis meses y la comparecencia como testigos de los trabajadores de su productora.

El ministerio fiscal ha solicitado un nuevo informe a la Guardia Civil para "acreditar la realidad de los servicios prestados" por parte de los proveedores de Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions (las empresas administradas por Francis Puig), y de Canal Maestrat (de su socio Juan Enrique Adell Bover), investigado también en esta causa que se inició por una querella del PP.

Es decir, una vez las tres mercantiles han aportado la relación de facturas de 2015 a 2018 que están en cuestión, el fiscal solicita ahora "realizar una indagación sobre los proveedores". El propio Puig admitió ante el juez en su declaración como imputado la existencia de facturas duplicadas para optar a las ayudas de los gobiernos valenciano y catalán. Eso sí, lo justificó diciendo que no imputaba el 100% del gasto de la subvención en las dos facturas, y que era luego cada Gobierno el que decidía qué partida subvencionaba con dinero público. La mayoría de ayudas eran por el fomento de la lengua.

Pero si Francis Puig aseguró que la Generalitat nunca le requirió la devolución de un euro cobrado indebidamente, su socio Adell Bover reconoció que se le abrieron siete expedientes de reintegro. Por ello, la Fiscalía subraya que "procede esperar" al resultado del informe que se pidió a la Intervención de la Generalitat sobre estas "cantidades indebidamente percibidas".

La Fiscalía también dirige ahora su mirada a los trabajadores de Mas Mut Produccions, a los que pide llamar a declarar como testigos "vistas las discrepancias en torno a la realidad del domicilio social de Mas Mut y la justificación de gastos aportada en la solicitud de subvenciones". En el interrogatorio, Francis explicó se trataba todo de un error.

Además, como se está todavía a la espera de recibir los informes solicitados a la Intervención de los gobiernos valenciano y catalán y los empresarios se comprometieron a aportar más documentación y justificantes de facturas puestas en duda por la Guardia Civil, el ministerio fiscal solicita una prórroga de seis meses. Falta también la declaración como testigo de Vicent Tortosa, jefe de servicio de la Dirección General de Política Lingüística en la fecha de los hechos investigados.